Viernes 26 de Diciembre de 2025
Novedades
El reciente pronunciamiento público de la Comisión Nacional de Energía (CNE) sobre las inconsistencias detectadas en la información utilizada para el proceso de valorización de instalaciones de transmisión volvió a instalar dudas respecto de la solidez de los procesos tarifarios y la calidad de los datos que sustentan las decisiones regulatorias.
En medio de este escenario, la discusión apunta a los vacíos detectados en las bases de datos históricas y también se concentra a la evolución de las plataformas, los estándares de reporte y la capacidad institucional para gestionar un volumen de información cada vez más amplio. La experiencia del proceso 2020-2023 -el primero tras la reforma de la Ley 20.936- dejó en evidencia desafíos técnicos y administrativos que todavía condicionan el desarrollo del actual ciclo tarifario.
Así lo señala Daniela González, directora de Domo Legal, quien analiza con ELECTROMINERÍA el origen de las falencias detectadas, los problemas estructurales en el flujo de información entre transmisores, el Coordinador y la CNE, y los pasos que requiere el sector para fortalecer la calidad de los datos y recuperar la confianza en los procesos regulatorios.
¿Qué le parece lo detectado por el estudio del CEN, encargado por la CNE, respecto a los vacíos en la información de las transmisoras para el proceso de valorización de instalaciones?
Lo primero que debe señalarse es que no se ha conocido el estudio del Coordinador Eléctrico Nacional propiamente tal, sino las declaraciones públicas de la autoridad respecto a lo que este habría establecido. Acorde con lo anterior, lo que se habría detectado es que en la base de datos utilizada para el proceso de valorización 2020-2023, existen valores que se alejan de los datos estándar de las instalaciones y respecto de ellos faltaría información o los datos no estarían totalmente respaldados.
Es una mala noticia para nuestro sector, pues refuerza la ya instalada crisis de confianza respecto tanto de nuestras instituciones y su capacidad para llevar adelante procesos tarifarios robustos como de la industria aun cuando no se conoce aún la magnitud de los problemas, sea en términos del porcentaje de instalaciones que tendrían datos incompletos o sin respaldo o su impacto en la valorización total de los sistemas de transmisión tarificados.
Entiendo que existe la intención de la autoridad de ser transparentes en relación a las problemáticas o deficiencias que se detectan, pero también creo que es necesario contar con una información más completa que permita hacerse un juicio acertado.
En la industria se habla de los problemas que tiene la plataforma para ingresar los datos, ¿cree que este sea un motivo y advierte otros problemas en torno al flujo de información entre la industria con el operado y y el regulador?
Se debe recordar que el proceso de valorización 2020-2023 fue el primero luego de la importante modificación que introdujo la Ley Nº 20.936, de 2016. Fue bastante público los relevantes problemas que existieron en su desarrollo.
También se debe tomar en cuenta que ese proceso se hizo con ciertas reglas especiales, distintas al régimen permanente, en atención precisamente a la dificultad propia de aplicar esta valorización considerando los activos reales con un nivel de detalle que no se tenía antes. La construcción de la base de datos a utilizar en dicho proceso fue un desafío mayúsculo y se debe precisar que no es la misma base de datos que se utiliza hoy para el proceso en curso. Es de suponer que lo que se ha revisado es la base de datos utilizada en el proceso 2020-2023 y no la plataforma de activos de transmisión que es la que se utiliza ahora pues los estándares son bien diversos. La actual plataforma cuadruplicó la cantidad de información requerida para una misma instalación que la base ad-hoc utilizada para el proceso 2020-2023.
Creo entonces que por un lado existen problemas o desafíos asociados a la gestión de la plataforma activos de transmisión que es la que se usa actualmente, pero el caso conocido tiene más que ver -a mi juicio- con la implementación de un proceso tarifario nuevo y la necesidad de generar una primera base de datos en un tiempo bastante acotado.
A su juicio, ¿cómo se puede perfeccionar el proceso de valorización de instalaciones y el flujo de información que requiere la CNE?
La plataforma actual utilizada como base de datos para el proceso de valorización requiere el ingreso de muchísima información, y su gestión se ha tornado compleja tanto para las empresas como para el Coordinador. Es compleja para empresas transmisoras y lo es más para aquellos coordinados con instalaciones de transmisión que no son transmisores profesionales por decirlo de alguna manera.
Este diagnóstico es bastante transversal y tanto las empresas como el propio Coordinador han requerido a la Comisión que se elabore un anexo técnico que precise, racionalice y estandarice la cantidad de información que se requerirá. También que se requerido por diferentes actores del sector que se avance en la generación de una base única sobre características técnicas de las instalaciones que sirva para procesos técnicos y también para la valorización de manera de evitar duplicar esfuerzos de todos los agentes y el propio Coordinador, proceso que ya está en marcha. Esperamos que este proceso de unificación se haga en consistencia con lo que se defina en el anexo técnico que se ha planteado para que no deba luego realizarse otro ajuste en el corto plazo, porque cambiar campos, detalle, etc para instalaciones nuevas no es problemático, lo que realmente complejo es hacerlo respecto de instalaciones existentes, especialmente las más antiguas.
¿Cree que se requieren cambios regulatorios o administrativos para perfeccionar este proceso?
Un cambio regulatorio sería contar con un Anexo técnico para la base de datos de activos de transmisión o aquella que unifique la información que se precisa de los activos de transmisión que serán valorizados.
En el caso del Coordinador, además, creo es que es imposible que éste verifique cada dato informado, al menos con recursos razonables, por lo que se deben utilizar otras estrategias para determinar la completitud y sobre todo la calidad de la información. En este escenario, se hace preciso determinar estrategias eficaces y racionales que sirvan de parámetro para medir cómo se está ejerciendo esta función y ello no sea apreciado según la personal opinión de cada cual.
Es muy importante que los procesos que se diseñan sean administrables a costos y plazos razonables. La situación actual no sólo genera esta carga de trabajo enorme, sino que afecta el normal desarrollo del proceso tarifario y como estamos viendo ahora, puede afectar sus resultados en perjuicio del cliente final y a costa de la credibilidad de las instituciones e industria, por lo que es necesario dar pasos que permitan mejorar la situación actual.
¿De qué forma el MEN puede abordar este problema?
El Ministerio tiene un rol acotado en el proceso de valorización de las instalaciones de transmisión y este descansa primordialmente en la Comisión Nacional de Energía y en el Coordinador, en tanto este mantiene la base de datos que nutre el proceso tarifario.
Sin embargo, el Ministerio tiene un rol de liderazgo y articulación que debieran orientarse a contribuir a resolver el problema concreto si se ratificara que errores en la cuantificación de activos o la falta de información tuvo efectos en las tarifas pero sobre todo a generar las condiciones para hacer las cosas mejor.
Pudo hace tiempo haber puesto foco en contribuir a resolver los problemas que existen con los procesos tarifarios retrasados, y sin embargo más allá de presentarse una indicación en un proyecto de ley para extender la aplicación del proceso de valorización 2020-2023 al período siguiente, no se hizo mucho más, al menos, que sea conocido por la opinión pública.
Creo que el Ministerio puede ahora promover el fortalecimiento de la capacidad técnica de la Comisión e incluso impulsar su transformación hacia un organismo independiente como se ha venido planteando hace rato por diversos voces dentro de la industria.
Es el Ministerio el que pone las prioridades legislativas del sector, define las modificaciones reglamentarias que se impulsarán, tiene mayor capacidad de gestión del presupuesto sectorial frente al Ministerio de Hacienda, por lo que se espera que efectivamente ejerza ese rol priorizando adecuadamente lo que requiere hacerse en el corto y mediano plazo.
