Domingo 31 de Mayo de 2026
Editorial
10 años de la Ley de Transmisión: de la expansión a la coordinación
A diez años de la Ley de Transmisión, el sistema eléctrico chileno enfrenta una paradoja: nunca ha tenido tanta infraestructura, institucionalidad y mecanismos regulatorios, y sin embargo, los desafíos operativos y económicos del sistema son hoy más complejos que en 2016.
Transcurrida una década, la pregunta relevante ya no es si la Ley de Transmisión fue exitosa. En muchos aspectos, lo fue. La pregunta es si su lógica de diseño es adecuada para el sistema que hoy tenemos. Porque en un sistema donde la complejidad es creciente, el desafío no es construir más infraestructura, sino diseñar mejor las reglas que permiten que los actores del mercado tomen decisiones para que esa infraestructura funcione de manera eficiente.
La Ley N° 20.936 representó un cambio estructural en muchas dimensiones del sistema eléctrico, pero hay tres aspectos clave que resumen los principios de la reforma. Primero, redefinió el esquema de planificación y expansión de la transmisión, avanzando hacia un esquema más centralizado y de largo plazo. Segundo, diseño al Coordinador Eléctrico Nacional como un operador independiente de las empresas coordinadas, con un mandato claro de seguridad y eficiencia del sistema. Tercero, creó un mercado de servicios complementarios, introduciendo mecanismos de subastas y licitaciones para requerimientos de atributos más allá de la energía y la potencia.
Desde una perspectiva de diseño, estos elementos respondían al diagnóstico del momento: el sistema requería resolver fallas de coordinación en inversión, conflictos de interés en la operación y ausencia de mecanismos para avanzar en la incorporación de nuevas energías renovables.
Diez años después, es razonable afirmar que estos tres pilares cumplieron un rol fundamental. Sin embargo, el éxito de estos instrumentos también ha revelado sus límites. La razón de ello es que la forma en que la Ley N° 20.936 decidió hacerse cargo de los problemas del sistema, fue a partir de dos principios: en primer lugar, la centralización de los procesos en el regulador y en el operador como únicos agentes a cargo de la toma de decisiones y orientación del mercado. En segundo lugar, la socialización de los costos del sistema.
Estos principios han diseñado un sistema con alta carga regulatoria para la Comisión Nacional de Energía, que se han traducido en procesos tarifarios que exceden extensamente en lo concebido originalmente. Al mismo tiempo, la planificación centralizada tiene escasa capacidad de adaptación en entornos de alta incertidumbre como los que estamos viviendo en el marco de la transición energética. Esto abre la pregunta sobre el grado en que el diseño actual logra balancear eficiencia de largo plazo con flexibilidad adaptativa. Finalmente, la socialización de costos ha generado un mercado donde los actores no se hacen cargo del efecto que sus decisiones generan respecto del resto, haciendo más compleja aún la operación y regulación del sistema.
En este contexto, el desafío para la próxima etapa no es menor. La regulación del sistema eléctrico debe evolucionar desde un enfoque centrado en la expansión de infraestructura hacia uno que priorice la coordinación eficiente de un sistema complejo, descentralizado y altamente dinámico.
A diez años de la reforma, el sistema eléctrico chileno confirma una lección conocida en regulación económica: resolver las fallas de ayer no garantiza estar preparado para las de mañana. En sistemas de alta complejidad, la calidad del diseño regulatorio se juega, cada vez más, en su capacidad de adaptación a un entorno cambiante.
