Viernes 26 de Diciembre de 2025
Editorial
El sector energía enfrentó en 2025 diversos eventos que pusieron de relieve la complejidad de la operación de un sistema eléctrico cada vez mas sofisticado, con alta inserción de energías renovables y las debilidades que persisten en temas como la regulación, institucionalidad, seguridad y resiliencia de la red.
Directora de Domo Legal hizo un balance del año 2025 para Revista Nueva Minería y Energía. Por Victoria Coronado.
UN ERROR DE CÁLCULO CON ALTO COSTO
Daniel Salazar, socio director de energiE dijo que más allá del impacto por el sobre cobro económico a los consumidores, el error de cálculo de las cuentas eléctricas golpeó tres dimensiones clave del ecosistema energético chileno: la credibilidad, la certeza regulatoria, y la confianza de la ciudadanía. “La Comisión Nacional de Energía (CNE) es el organismo técnico llamado a garantizar rigor y estabilidad en la aplicación de las reglas tarifarias. Un error de esta magnitud pone en cuestión la capacidad del Estado para cumplir ese rol, erosionando la confianza que históricamente se ha tenido en la competencia técnica de las instituciones reguladoras”, explica Salazar.
El experto agrega que un marco regulatorio que se percibe como vulnerable a errores o con procesos de verificación insuficientes, introduce incertidumbre en la evaluación de riesgos. “En un sector con inversiones intensivas y de largo plazo, como el eléctrico, esa pérdida de previsibilidad puede -potencialmente- traducirse en mayores costos financieros o postergación de proyectos (…) esto sin perjuicio de que tal vez lo más difícil sea recuperar la confianza de la población”.
Para Rodrigo Jiménez, gerente general de Systep, además de los errores técnicos, el episodio expuso fallas comunicacionales y estructurales en la gestión del sector eléctrico. “La autoridad de turno no explicó, desde un inicio, adecuadamente el impacto real del error en la tarifa de energía ni comunicó de forma oportuna las diferencias detectadas en el segmento de transmisión. Esto, en un contexto de alzas tarifarias y alta sensibilidad ciudadana, provocó un daño reputacional a toda la institucionalidad”, consideró Jiménez.
Añade que el evento también expuso “la complejidad excesiva de los procesos de fijación tarifaria, compuesto por múltiples análisis, informes, decretos, reliquidaciones e índices que, por el volumen de información, dificultan la detección temprana de inconsistencias”, por lo que es necesario “simplificar los procedimientos y fortalecer los mecanismos de auditoría independiente”.
Sobre este tema, la socia directora de Domo Legal, Daniela González, comentó que el error metodológico en el cálculo de las diferencias de facturación en el Precio Nudo Promedio (PNP) y la sobrevaloración de activos de transmisión, contribuyeron a una lamentable crisis de confianza respecto de los organismos y agentes del sector, la cual “viene asociada a una progresiva percepción por parte de la ciudadanía de que tenemos un servicio caro y con brechas de calidad importantes.” Dijo, además, que, a propósito de estos eventos, se han formulado propuestas para dotar al sector energético de una institucionalidad más robusta en lo técnico: “En esta línea comparto con otros expertos la propuesta de que la CNE se transforme en una agencia regulatoria independiente, con estándares de autonomía similares a los que se encuentran en otros países”, opinó González.
LECCIONES DEL 25F
Respecto del blackout del pasado 25 de febrero que dejó a los chilenos por más de 7 horas sin suministro eléctrico, Daniela González comentó que el evento mostró muchas lecciones, entre ellas, la falta de un proceso conocido, estructurado y colaborativo para estudiar fallas como la ocurrida. También ratificó que “garantizar la seguridad y resiliencia del sistema no es solo un desafío técnico, sino también una necesidad estratégica, y, en el plano de la prevención, dejó en evidencia la urgencia de establecer mejores prácticas de verificación del cumplimiento normativo y del conjunto de instrumentos diseñados para prevenir y gestionar contingencias”, precisó.
Para Rodrigo Jiménez, el apagón que afectó a más de 19 millones de personas evidenció “la debilidad estructural, puesto que una falla puntual fue suficiente para interrumpir completamente el suministro del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), en lugar de mantener el sistema dividido en islas operativas”. “La principal lección fue la necesidad de mejorar la coordinación y comunicación operativa entre el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) y las empresas coordinadas. Se requiere fortalecer los canales en tiempo real, garantizar la trazabilidad de los datos y establecer protocolos de comunicación redundantes”, puntualizó Jiménez.
Por su parte, Daniel Salazar considera que más allá de los procesos de investigación, formulación de cargos, y las sanciones que de ahí resulten, no se ha conducido un proceso de análisis y reflexión fuera de la trinchera o posición de los diferentes grupos de interés de la industria. “Reitero lo señalado en ocasiones anteriores, no se trata de un problema de más o nuevas inversiones, como tampoco de ingresos o tarifas, sino de gestión que ponga por delante la seguridad y continuidad del suministro”, concluyó Salazar.
OTROS EVENTOS CLAVES
Según Rodrigo Jiménez, además de los eventos señalados, el 2025 dejó pendientes procesos de fijación tarifaria importantes, “como la reliquidación del Valor Agregado de Distribución (VAD) 2020–2024, estimada en más de US$800 millones según información aparecida en prensa, y los atrasos en la fijación del VAD 2024– 2028 y en el desarrollo del Estudio de Valor de Transmisión 2024–2027”. “Estos retrasos no han sido gestionados adecuadamente por la autoridad, generando incertidumbre para las empresas y para los usuarios al no existir aún claridad sobre los precios que debieron regir desde hace más de un año, lo que impacta tanto en la planificación de inversiones como en la confianza de los consumidores ante nuevos ajustes en tarifas y sus respectivas reliquidaciones originadas por los mismos atrasos”, explicó el ejecutivo de Systep.
Entretanto, Daniel Salazar identificó tres temas que, en su opinión, marcaron la agenda del sector: “El despegue del almacenamiento de corta duración a gran escala, con múltiples proyectos de baterías (BESS); el debate y tramitación del proyecto de ley para crear un subsidio eléctrico que se transformó en un eje político y social clave en la búsqueda de mitigar el alza acumulada de tarifas; y, por último, diversas contingencias ocurridas durante 2025 que pusieron en entredicho la institucionalidad del sector, a partir de lo cual se comienzan a sumar voces que promueven cambios para modernizar la gobernanza y capacidad de gestión de los principales organismos de la institucionalidad sectorial”.
La socia directora de Domo Legal cree importante destacar aspectos positivos “como la hoja de ruta reglamentaria que ha sido un esfuerzo ordenador de los desafíos regulatorios que se están abordando, y la emisión del Plan de Descarbonización como el resultado de un proceso que convocó a diversos actores y contiene iniciativas interesantes que le corresponderá evaluar y priorizar a la próxima administración”.
