Martes 4 de Agosto de 2026
Editorial
¿Por qué los estudios de abastecimiento del Coordinador Eléctrico no prevén el déficit a tiempo? Analizamos la necesidad de un nuevo estándar regulatorio.
El 2 de julio el Coordinador Eléctrico Nacional concluyó en su estudio mensual de abastecimiento que el sistema eléctrico nacional no enfrentaba escenarios de déficit. Cinco días después, la CNE le pidió complementar ese estudio. Como consecuencia, al día siguiente, el mismo organismo informó un déficit de entre 305 y 456 GWh para el mismo mes de julio, alcanzando hasta un 6% del consumo mensual. La conclusión se dio vuelta en seis días sin que mediara un cambio en el modelo de simulación, sino sólo los antecedentes incorporados.
No es un episodio aislado. Los siete Estudios de Seguridad de Abastecimiento emitidos entre enero y julio informaron déficit cero en todas las celdas de su tabla de resultados: nueve casos cruzados con cinco series hidrológicas a doce meses, en cada informe. El déficit apareció sólo en un análisis extraordinario, a requerimiento de la autoridad, cuando ya estaba ocurriendo.
Los problemas de anticipación de los estudios de abastecimiento no son nuevos. En 2021 los informes previos al decreto preventivo de racionamiento indicaban déficit cero hasta octubre, dos meses después de dictado el decreto. El informe técnico de la CNE que fundó ese decreto no citó el Estudio de Seguridad de Abastecimiento, sino que se apoyó en cartas que el Coordinador remitió los primeros días de agosto de dicho año.
La razón de que los estudios lleguen tarde en sus diagnósticos es de diseño. No existe un umbral de suficiencia fijado en norma; no existe un procedimiento para aprobar los supuestos con que se simula; y ningún informe contrasta lo que proyectó con lo que ocurrió. Sin estándar, sin revisión y sin verificación, el estudio no puede fallar y cualquier resultado termina siendo defendible. Con los riesgos geopolíticos actuales, en el marco de un proceso de transición energética y cambio climático, es más que recomendable revisar el proceso mediante el cual se advierten potenciales de déficit con la antelación suficiente para actuar.
El problema se agrava dado que, durante la última formación de reserva hídrica en 2022, la propuesta del Coordinador respecto de su necesidad y magnitud proviene de los resultados de estos estudios de abastecimiento. Aún cuando es la CNE quien debe preparar el informe que sustenta medidas preventivas en un decreto de racionamiento, son los estudios mensuales de abastecimiento la información pública disponible por el mercado sobre los riesgos de déficit.
La experiencia comparada muestra que esto tiene solución conocida. La respuesta no es pedir mejores estudios, sino crear un comité de monitoreo, con sesión periódica obligatoria y actas públicas, donde el operador no fija la aversión al riesgo de sus propios modelos, sino que los umbrales para señalar potenciales déficits están determinados ex ante y los operadores deben publicar un informe anual comparando los resultados previstos con los observados.
El costo de no corregirlo no es sólo técnico. Un instrumento que no anticipa no produce inacción, sino que produce decisiones de emergencia, y esas decisiones tienen un sesgo distributivo predecible. Declarada la estrechez con el mes ya comenzado, lo disponible son medidas sistémicas —reserva hídrica, stocks de diésel de seguridad, despacho fuera de mérito— cuyo costo se reparte entre todos los retiros de energía. Las que exigirían a cada actor cubrir su propio riesgo, por ejemplo, contratando combustibles a firme, requieren anticipación y señales creíbles.
Desde 2027 comienzan a regir contratos de suministro regulado que traspasan cargos sistémicos a tarifa, incluidos los originados en medidas de un decreto de racionamiento, como la reserva hídrica. Cuando eso ocurra, dejará de ser un problema metodológico para convertirse en uno político. Conviene arreglar el termómetro antes.
