Domingo 31 de Mayo de 2026
Editorial
La estabilidad de las políticas públicas ante la alternancia de gobierno
Cada cambio de mando presidencial abre paso a una natural revisión de las políticas públicas sectoriales, alterando su priorización, alcance, plazos así como las acciones o medidas concretas para implementarlas. Este ajuste forma parte del legítimo mandato democrático para alinear la agenda del país con la visión y compromisos electorales de la administración entrante, un proceso que suele plasmarse en “hojas de ruta” diseñadas mediante mecanismos participativos. No obstante, esta necesaria actualización de objetivos no debiera implicar, bajo ningún caso, que la discusión deba comenzar desde cero cada cuatro años.
Iniciar el debate sectorial desde un lienzo en blanco no solo resulta ineficiente, sino que introduce incertidumbre, merma la participación informada de la ciudadanía y de los stakeholders, y consume el escaso y valioso tiempo con el que cuenta un gobierno para materializar sus proyectos.
El laberinto de la planificación energética
El sector energético y eléctrico ilustra perfectamente este fenómeno de dispersión a través de una multiplicidad de instrumentos de planificación. Actualmente coexisten la Política Energética Nacional (cuya última actualización data de 2022 y debiera ser nuevamente actualizada el próximo año), las agendas heredadas de administraciones previas, el Plan de Descarbonización, los planes de mitigación y adaptación derivados de la Ley Marco de Cambio Climático (LMCC) y, más recientemente, la Hoja de Ruta Energética 2026-2030.
Ante este escenario, cabe preguntarse si el diseño constante de herramientas ad-hoc, que parten de sus propios diagnósticos y metas cada cuatro años o menos, es realmente la vía óptima para plasmar los énfasis políticos de cada periodo.
Hacia un instrumento único, flexible y robusto
El camino idóneo para el desarrollo sectorial debe ser distinto. Es imperativo consolidar un instrumento adecuado que promueva una reflexión profunda sobre las metas de corto, mediano y largo plazo, determinando con base en datos, evidencia y participación, qué políticas deben continuar, cuáles transformarse y cuáles eliminarse.
Este marco regulatorio central debe cumplir con dos condiciones fundamentales:
Consolidar en lugar de reiniciar
El eje conductor de la definiciones de políticas públicas en el sector debe ser la Política Energética Nacional, con objetivos de mediano y largo plazo, la cual debe ser complementada por planes plurianuales que contengan las definiciones tácticas y medidas concretas que cada administración desee legítimamente impulsar para alcanzar los objetivos. Ello, junto con la revisión y ajuste de los instrumentos asociados a la LMCC, que aseguren una debida consistencia.
Sin dejar de reconocer los méritos de los instrumentos que cada administración ha elaborado, y también que normalmente existe más o menos continuidad en muchas de las medidas que ellos contienen, las alternancias políticas no debieran traducirse en un “borrón y cuenta nueva” para el desarrollo sectorial. Es momento de avanzar hacia la consolidación de instrumentos apropiados que den mejores señales de mediano y largo plazo sin perjuicio de la necesaria adaptabilidad de las acciones que cada gobierno pretende impulsar. Si el rumbo requiere enmiendas, estas deben realizarse basadas en un diálogo técnico lo más robusto y amplio posible.
