Liderazgo Energético y Capital Climático: La Apuesta por los Resultados de Mitigación de Transferencia Internacional (ITMOs)

Domingo 31 de Mayo de 2026

Editorial

Liderazgo Energético y Capital Climático: La Apuesta por los Resultados de Mitigación de Transferencia Internacional (ITMOs)

Chile se posiciona como pionero en Latinoamérica al implementar el Artículo 6.2 del Acuerdo de París, estableciendo un innovador sistema de mercado de carbono que busca impulsar activamente la descarbonización de la matriz energética. Las ventajas de este mercado son inequívocas: facilita la atracción de inversión extranjera directa crucial para la transición energética y garantiza el cumplimiento de las ambiciosas metas multilaterales de reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a través de la cooperación internacional público-privada.

Desde la promulgación del Acuerdo de París sobre Cambio Climático (Decreto 30/2017 del Ministerio de Relaciones Exteriores), la acción climática en Chile ha sido entendida como una Política de Estado dirigida a lograr la carbono neutralidad y resiliencia climática a más tardar en 2050. Estos compromisos se han materializado en la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), actualizada en septiembre de 2025 al alero de la Ley Marco de Cambio Climático (Ley 21.455). La ambición nacional en el sector energético es notable: proyecta que el 80% de la generación eléctrica provenga de fuentes renovables al 2030; espera una reducción del 20% en la intensidad energética al 2035 (base 2019) y una matriz eléctrica completamente libre de carbón para el 2040.

Por su parte, el Artículo 6.2 del Acuerdo de París configura un marco de cooperación voluntario que sienta las bases para el mercado de carbono. Mediante acuerdos bilaterales o multilaterales, se facilita la transacción de Resultados de Mitigación de Transferencia Internacional (ITMOs). Este mecanismo funciona de manera sencilla: un Estado puede vender a otro las reducciones de emisiones de GEI que no haya contabilizado en su NDC, permitiendo al Estado comprador utilizar estas reducciones para cumplir su propia meta nacional. Un ejemplo concreto de este liderazgo se materializó a finales de 2023 (COP 28), cuando Chile formalizó un Acuerdo de Cooperación Climática con Suiza con una inversión estimada de USD$100 millones hasta 2030 que se destinará a financiar proyectos de tecnología limpia en Chile, incluyendo electromovilidad, eficiencia energética e hidrógeno verde. La Fundación KliK, encargada de la implementación del Acuerdo, actúa como compradora de estas reducciones. 

No obstante, la participación de proyectos de mitigación de GEI en este mercado está supeditada a una rigurosa autorización nacional previa. El Comité Nacional del Artículo 6, un cuerpo técnico interministerial (Medio Ambiente, Hacienda y Relaciones Exteriores) debe verificar dos puntos esenciales: que la reducción de emisiones no se materializaría sin el incentivo de mercado (criterio de adicionalidad) y que se efectúe el ajuste contable necesario en el inventario nacional para prevenir la doble contabilidad entre las naciones. En el marco del acuerdo con Suiza, Chile ya estableció un precedente regional en octubre pasado, al autorizar el primer proyecto de mitigación que involucró el reemplazo de una caldera a carbón por una a biomasa en la planta de Nestlé en la Región del Ñuble.

Para asegurar la trazabilidad y el impacto, el Ministerio de Medio Ambiente estableció en marzo pasado un listado de tipologías de proyectos priorizadas y contraindicadas para la autorización de ITMOs (Resolución Exenta N°1185/2026). En el sector energético, las tipologías priorizadas se centran en actividades de mitigación que no forman parte de la NDC y que satisfacen el criterio de adicionalidad; es decir, proyectos que dependen de este incentivo de mercado para su viabilidad financiera. En línea con el espíritu del acuerdo con Suiza, el Estado chileno está promoviendo activamente la inversión extranjera directa en: almacenamiento de energía, hidrógeno verde, generación renovable para sistemas aislados y medianos, tecnologías para mejorar la eficiencia en la transmisión y distribución eléctrica, y la reconversión de centrales a carbón, entre otros.

En contraste, la generación de energía renovable solar y eólica conectada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) está actualmente contraindicada para el mercado de carbono. Esto se debe a que ya se consideran parte del escenario base de la NDC, siendo inversiones consideradas costo-eficientes. Sin embargo, es clave notar que la restricción aplica solo a tecnologías cuya capacidad instalada supere el 2 % de la capacidad total de la red. Esto abre una oportunidad para promover fuentes de energía renovable subexplotadas, como la geotérmica y la biomasa, que no solo producen energía sino que también ofrecen la valiosa ventaja de aportar mayor inercia y estabilidad al sistema.

Para garantizar la flexibilidad del sistema, estas tipologías de proyectos están sujetas a revisión y actualización. El Ministerio de Medio Ambiente realizará una revisión ordinaria anual para reevaluar la adicionalidad de las tecnologías priorizadas. Además, se contemplan revisiones extraordinarias ante cambios normativos significativos, avances tecnológicos disruptivos que modifiquen el escenario base de la matriz energética o actualizaciones en las reglas de supervisión del Artículo 6 del Acuerdo de París. Es fundamental destacar que cualquier modificación en las tipologías no tendrá un impacto retroactivo, asegurando la certeza jurídica de las inversiones ya autorizadas.

En conclusión, mientras Chile consolida su liderazgo en Latinoamérica mediante la creación de mercados de carbono e impulsa estratégicamente la inversión extranjera en energías limpias, el principal desafío radica en la escalabilidad. La expansión del mercado es esencial para mantener la competitividad frente a otras naciones que competirán por atraer capital climático. Por ello, es imperativo que la implementación del Artículo 6.2 del Acuerdo de París se mantenga como una Política de Estado de largo plazo, promoviendo acuerdos bilaterales y/o multilaterales que canalicen inversiones privadas dirigidas a la modernización y descarbonización de la infraestructura energética nacional.