Lunes 6 de Julio de 2026
Editorial
Mientras el Congreso tramita con urgencia una nueva ley tarifaria eléctrica, vale la pena detenerse: ¿cuántas veces hemos estado aquí antes? Las sucesivas intervenciones legislativas en tarifas eléctricas no han resuelto el problema de fondo, sino que han seguido un patrón donde cada ley genera las condiciones para que la siguiente sea necesaria.
Habiendo pasado tres gobiernos distintos, es hora de reconocer que tenemos un problema de diseño regulatorio.
El origen de la crisis: Del estallido social al PEC 1
Todo comenzó en un contexto muy diferente. La combinación de un sector que venía de la crisis de los medidores inteligentes a principios de 2019, el estallido social y un alza de 9,2% en tarifas, llevaron al primer congelamiento tarifario eléctrico en la historia, desde que se implementó la LGSE en 1982. En ese momento, el mecanismo diseñado fue explícito en que los generadores con contratos regulados asumirían el costo ahora y los clientes pagarían después. Poco se discutió en los 10 días de tramitación del PEC 1 (Ley 21.185) respecto de si el plazo de congelamiento se extendía o los supuestos macroeconómicos cambiaban.
La bola de nieve: El impacto del PEC 2 y PEC 3
Así se crearon las condiciones para el siguiente problema. La pandemia, la variación del tipo de cambio, el alza de precios de combustibles, la inflación y el límite de US$1.350 millones para gatillar un alza de tarifas se alcanzó antes de lo previsto. La respuesta legislativa fue el PEC 2 (Ley 21.472), proyecto aprobado en 77 días para evitar alzas sobre el 40%. El PEC 2 institucionaliza lo que nació como medida transitoria: pagos de los clientes en cuotas por 10 años, ampliación del límite de la deuda, pagarés garantizados por el Fisco y transacciones de los derechos de cobro a terceros. La intervención pasa a tener estructura financiera internacional.
Lo que no se discutió, fue la complejidad de poner en marcha el diseño regulatorio. Se produjeron retrasos en la publicación de informes de Precio Nudo Promedio, lo que impulsó el aumento de la deuda y nuevamente el PEC 2 se queda corto. Las estimaciones al 2023 eran que la deuda superaba los US$6.000 millones. Con el riesgo de un alza abrupta de las tarifas y desfinanciamiento de las generadoras surge un nuevo PEC 3 (Ley 21.667), que aplica un descongelamiento gradual, crea un subsidio transitorio para hogares vulnerables, y extiende la fórmula de pago hasta 2035.
Lo relevante regulatoriamente es que ya no solo se congela, sino que se diseña un cronograma de sinceramiento tarifario que conduce a las alzas que siempre se habían querido evitar. Entre junio 2024 y febrero 2026 las tarifas subieron entre 50% a 79%.
El nuevo frente: Retrasos en el Valor Agregado de Distribución (VAD)
Pero mientras la atención estuvo puesta en la deuda de la generación, el proceso de tarificación de la distribución, en que se fija el Valor Agregado de Distribución (VAD), acumuló un retraso de 43 meses, generando una deuda superior a los US$900 millones que deberían comenzar a reliquidarse en julio de 2026.
Nuevamente en julio, como 4 años atrás, se insiste en un trámite express de un proyecto de ley con el fin de evitar las alzas, siguiendo la misma receta: pago de deuda desde 2028 vía crédito financiero, extensión del subsidio a 2027, cargo adicional para el pago de la deuda hasta el 2035.
Cada intervención comparte la misma estructura lógica de posponer el costo real, distribuirlo en el tiempo y crear un mecanismo nuevo para gestionarlo. Las consecuencias acumuladas son una deuda total que supera US$6.500 millones con intereses proyectados al 2035; señales de precios distorsionadas por años; incertidumbre para inversión en generación y distribución; desconfianza de los consumidores en los procesos tarifarios del sector.
Las consecuencias de un diseño regulatorio en crisis
Estamos en el cuarto capítulo de esta historia. ¿Será el último? La respuesta depende de si nuestro sistema regulatorio recupera su capacidad de operar sin rezagos ni cambios abruptos que fuercen la intervención política. El desafío no es solo legislativo, sino que institucional. La pregunta para el sector es cuándo pasamos de gestionar crisis tarifarias a diseñar un marco que no las produzca. Siete años, cuatro leyes, y una cuenta que sigue creciendo. La próxima ley que ordena las tarifas depende de que esta vez, en verdad, las ordenemos.
