Martes 13 de Agosto de 2024
Editorial
El pasado 8 de agosto, Pulso publicó la nota titulada “Gobierno iniciará proceso para revocar concesión a Enel y anuncia novedades en los próximos días”. Nuestra Directora conversó con el medio, les compartimos sus opiniones completas.
De acuerdo a la ley general de servicios eléctricos, se puede declarar caducadas concesiones de servicio público de distribución en explotación cuando la calidad del servicio suministrado no corresponde a las exigencias preestablecidas en la normativa y sus decretos de concesión, salvo que la empresa concesionaria remedie las situaciones de incumplimiento en los plazos que la Superintendencia indique. Le corresponde a la Superintendencia determinar la concurrencia de la causal indicada y que no se ha verificado la eximente también señalada pero la caducidad se declara por el Presidente de la República mediante decreto fundado.
De declararse la caducidad lo que corresponde es que se asigne una administracion provisional del servicio, lo que no es algo trivial ni facil de hacer dada la envergadura de la responsabilidad., de la zona de concesión, y del número de clientes. Luego se deben licitar los bienes y lo recibido, excluidos los gastos se le devuelven al exconcesionario. Esto significa que los bienes no pasan al Estado, sino que debe buscarse un nuevo concesionario, que esté además dispuesto a hacer inversiones, por lo que es mas bien una venta forzosa.
Si bien la medida de caducidad de concesiones forma parte de la normativa vigente y de las reglas del juego es un procedimiento de último recurso por la envergadura de las consecuencias que trae aparejadas. Por ello, debiera tramitarse con los mayores estándares de debido proceso y transparencia. No es un procedimiento rápido, que podría estar sujeto a eventuales recursos judiciales. Esta no es una medida que resuelve una coyuntura.
Además, el foco en la caducidad de la concesión o la participación del Estado en la provisión del servicio público de distribución no se hace cargo de los temas de fondo que tenemos que abordar que es el rol de la distribución eléctrica en la transición energética, la necesidad de modernizar la regulación existente discutiendo la calidad de servicio que necesitamos y a los cuales aspira la ciudadanía, y por cierto el rol público tanto en lo referido a si se tarifica efectivamente para que las distribuidoras den un servicio de calidad como respecto a la fiscalización de la prestación de servicios que son esenciales para la población. Lo anterior no significa que los incumplimientos a la normativa sectorial no deban sancionarse severamente, pero ello debe hacerse considerando todas las características de los eventos que dieron origen a las interrupciones de suministro.
